A días de las elecciones legislativas, donde «La Libertad Avanza» se consolida y el oficialismo provincial «Primero Salta» lucha por su espacio, una pregunta crucial emerge: ¿cuál será el rol real de los legisladores que responde al gobernador Gustavo Sáenz?

La campaña de Flavia Royón y Bernardo Biella, para senador y diputado nacional respectivamente, se edificó sobre un andamiaje de símbolos. La figura de Güemes y su poncho salteño fueron mercantilizados, convertidos en fetiches para exaltar un sentimiento regionalista vacío. Pretendiendo exaltar que su postulación pretende defender y llevar  a las cámaras los “interese de los salteños”. Este discurso, se demostró con la serenata del Gobernador en la Casa Rosada, pretendiendo encarnar una lucha federal mediante la suplica de una audiencia con autoridades nacionales. Sin embargo, este espectáculo no es más que la confesión de una debilidad: la incapacidad de un gobierno provincial para influir estructuralmente en un poder central al que, en última instancia, sirve.

 ¿De qué «intereses de los salteños» habla el oficialismo? Sáenz reduce estos intereses a la obra pública vial, una necesidad tangible pero que opera como cortina de humo. Es una concesión material limitada que busca legitimar un modelo de alineación política más amplio. Oculta estratégicamente los intereses de clase que son comunes a la mayoría de los salteños y argentinos: el salario que no alcanza, el empleo estable, la salud y la educación públicas. Estos no fueron mencionados porque su mención expondría la contradicción fundamental de la gestión Sáenz: su gobernabilidad subordinada al gobierno nacional.

Es aquí donde se revela la verdadera función de la bancada oficialista. Lejos de la épica gaucha, los Royon, Biella y otros se integrarán al mecanismo de negociación del Congreso nacional. El posible triunfo de Milei, lejos de encontrar oposición, envalentonará a este bloque a avalar las medidas que el gran capital financiero exige. Su voto no será un escudo para los salteños, sino una garantía para el capital.

Las leyes laborales, fiscales y previsionales que se debatirán no son reformas técnicas; son herramientas de una ofensiva burguesa para intensificar la explotación, transfiriendo riqueza del trabajo al capital. Los legisladores de Sáenz, olvidándose del poncho y de Güemes, serán la correa de transmisión que viabilice este ataque en el Congreso.

El interés de los trabajadores salteños no difiere del de los trabajadores del conurbano o la Patagonia. El «federalismo» sentimental de Sáenz es un relato fabricado para generar una falsa conciencia y un antagonismo provincial ficticio, que opaque la lucha de clases real. Su objetivo no fue oponerse a «La Libertad Avanza», sino proveer una retórica electoral que oculte su función concreta: negociar con el gobierno nacional para profundizar el desmantelamiento del Estado y la mercantilización de la vida, allanando el camino para la profundización de un modelo que sólo beneficia a los grandes grupos económicos.